Propone auditoría a concesiones en el Mercado Hidalgo de Guanajuato Capital
Guanajuato, Gto. 29 de Enero de 2026
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría integral de cumplimiento y desempeño al Ayuntamiento del municipio de Guanajuato, respecto al proceso de concesiones del Mercado Hidalgo, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, los procedimientos de otorgamiento, renovación, prórroga, revocación, caducidad, rescate y cualquier otra figura equivalente.
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La auditoría deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2026 y comprender los ejercicios fiscales 2024, 2025 y concomitante a 2026.
Aguilar Castillo señaló que lo que ocurre en el Mercado Hidalgo de Guanajuato capital no es un hecho aislado ni un pleito entre particulares sino una cadena de actuaciones públicas que, por su repetición y por la forma en que se ejecutan, colocan a comerciantes en un estado permanente de incertidumbre y vulnerabilidad frente a la autoridad.
En ese contexto, recordó que ha presentado exhortos relacionados a los hechos ocurridos dentro del Mercado Hidalgo, donde según testimonios, el personal municipal y mandos directivos intentaron desalojar y detener a comerciantes y, también sobre la posible existencia de irregularidades sistemáticas como la forma de ejecutar los desalojos, así como el proceso de entrega de concesiones.
La congresista compartió que recientemente visitó el Mercado Hidalgo y los comerciantes le comentaron que siguen los actos de abuso de autoridad, por lo cual le entregaron diversos documentos que relatan los hechos sufridos.
Aguilar Castillo puntualizó que el problema se vuelve claro: el Mercado Hidalgo se está administrando con procesos de concesión opacos, dictámenes cuestionables, criterios no transparentes, decisiones que favorecen a allegados o familiares, desalojos y retenciones materiales apoyadas en fuerza pública sin garantías visibles, por lo que no estaban ante confusiones aisladas, sino ante un riesgo estructural de captura política del lugar por parte de la actual administración municipal, donde el espacio público termina operando como botín y no como patrimonio bajo reglas.
Finalmente, manifestó que lo denunciado abarca tres momentos y deben revisarse para aclarar los hechos denunciados: el proceso de otorgamiento de concesiones en los años 2024, 2025 y concomitante 2026; la fase de ejecución y materialización de esas concesiones, incluyendo desalojos, entregas de materiales y eventuales apoyos policiales; y la fase de regularización, renovación, revocación o caducidad.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
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Propone una auditoría integral a la Secretaría de la Honestidad por el caso Seguritech
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Guanajuato, Gto. 29 de Enero de 2026
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo para que se lleve a cabo una auditoría integral de cumplimiento y desempeño por parte de la Auditoría Superior del Estado a la Secretaría de la Honestidad, al procedimiento de investigación por presunto conflicto de interés y demás conductas que pudieran actualizar faltas administrativas graves o hechos posiblemente delictivos, así como de la determinación de conclusión y archivo relacionada con el caso Seguritech.
Lo anterior, deberá incluir el análisis de empresas subsidiarias, vinculadas, representaciones y cualquier otra estructura asociada que pudiera guardar relación con el hoy exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El periodo de revisión será el ejercicio fiscal 2025 y la auditoría deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2026.
Al presentar la propuesta, la congresista manifestó que durante el sexenio encabezado por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el estado enfrentó una crisis sostenida de violencia e inseguridad, al tiempo que crecieron señalamientos públicos sobre improvisación gubernamental, falta de evaluación, y opacidad en la toma de decisiones
Aguilar Castillo subrayó que Guanajuato no puede seguir cargando con un modelo en el que la institucionalidad se utiliza para proteger a los poderosos. En ese sentido, refirió que se han documentado diversos hechos que exhiben un patrón que amerita ser revisado con visión integral: programas sociales utilizados de manera facciosa, esquemas financieros opacos, proyectos fallidos con gasto excesivo, asignaciones de recursos con dudosa justificación, obra pública concentrada en ciertos consorcios, entre otros.
La legisladora precisó que cuando múltiples expedientes exhiben señales similares, la respuesta institucional no puede ser el carpetazo, sino la máxima diligencia. Al respecto se enfocó en el señalamiento de un posible conflicto de interés relacionado con Seguritech y estructuras empresariales-personales vinculadas, a partir de reportajes e investigaciones periodísticas, y dijo que aun cuando el exgobernador haya declarado públicamente que el inmueble no es de su propiedad y que se trata de un arrendamiento, eso no agotaba el tema.
Remarcó que, en asuntos de interés público, la obligación institucional es acreditar con documentos, actuaciones verificables y motivación suficiente que no existe un beneficio indebido, ni trato privilegiado, ni relación contractual que comprometa la imparcialidad del servicio público.
En este sentido, enfatizó que lo que se cuestionaba es la calidad y suficiencia del procedimiento, ya que, en un caso de alto impacto, no bastaba afirmar que no se acreditó o que no fue posible, porque la legitimidad del cierre exige conocer, por ejemplo, qué se pidió, a quién, cuándo, con qué soporte, qué se revisó, qué se descartó, por qué, y bajo qué estándar probatorio-administrativo.
Argumentó que, tratándose de posibles estructuras empresariales complejas, era indispensable que el análisis no se limitara a una sola razón social, sino que abarque empresas relacionadas, subsidiarias, representaciones, socios, vehículos corporativos y beneficiarios reales, así como beneficios indirectos o triangulados.
Finalmente, manifestó que la sola existencia de un acuerdo de archivo, sin que exista máxima publicidad del expediente y sin que se conozcan con precisión las diligencias realizadas, alimenta la sospecha de impunidad y debilita la confianza en la institución cuya misión es combatir la corrupción.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
