Piden se audite el Programa MujerES Grandeza
Buscan se realice auditoría al programa MujerES Grandeza
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Guanajuato, Gto. 19 de Junio de 2025
En sesión ordinaria, el grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para instruir al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que realice una auditoría financiera y de desempeño a la Secretaría del Nuevo Comienzo, a través del Programa denominado QC3814 “MujerEs Grandeza” del ejercicio 2023, 2024 y concomitante 2025 al proyecto QC4004 denominado Tarjeta Rosa.
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Al presentar las consideraciones de la propuesta, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor comentó que al citado programa se le destinaron en 2023, 640 millones 786 mil 120 pesos, y que entregó mil pesos mensuales durante ocho meses a mujeres; mientras que, en 2024, dijo, se le destinaron mil 500 millones, presupuesto que fue ampliado a más de 4 mil millones de pesos, al igual que sus reglas de operación.
Apuntó que eso no fue casualidad, pues en el proceso electoral de 2024, la llamada “tarjeta rosa” fue utilizada como un instrumento político-electoral con claros fines clientelares, ello debido a que el apoyo aumentó y se podía otorgar en un solo pago.
El congresista abundó sobre el uso que se le dio a la denominada tarjeta rosa, y comentó que la gravedad de esa conducta no radicó únicamente en la promoción directa del programa por parte de la candidata oficialista, quien en sus redes sociales y en diversos eventos públicos la incorporó como una de sus principales propuestas de campaña, si no que evidentemente, trajo aparejado un uso indebido de los recursos públicos.
“Mientras la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado ejecutaba un operativo estatal para la entrega de apoyos económicos con recursos públicos, la candidata oficial del partido gobernante prometía la continuidad del mismo programa como eje central de su gobierno”, detalló Ramos Sotomayor.
El legislador enfatizó que, tan evidente fue el uso electoral de ese programa social, que para el ejercicio 2025 se destinó menos recurso y no fue para todas las mujeres como se anunció en campaña sino solo para mujeres de 25 a 45 años y que fueran madres.
Finalmente, resaltó que queda demostrado que el uso electoral de la tarjeta rosa no solo vulneró la equidad en el proceso electoral pasado, sino que representó un probable desvío y mal uso de recursos públicos con la finalidad de asegurar un triunfo electoral del partido que se encuentra actualmente en el poder.
Para hablar a favor de la obvia resolución hicieron uso de la tribuna las diputadas Hades Berenice Aguilar Castillo, Maribel Aguilar González y Sandra Alicia Pedroza Orozco.
La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo externó que lo que debería de ser un programa con reglas claras, transparente y con enfoque de universalidad se ha convertido en un mecanismo de control político y que la auditoría al programa Vales Grandeza reveló que 799 personas beneficiarias eran proveedoras del gobierno o funcionarias y funcionarios públicos estatales y municipales.
Agregó que las mujeres necesitan derechos garantizados y políticas públicas con programas universales, sin intermediarios, además de mencionar que el FIDESSEG se utilizó también con fines electorales y estar manchado por temas de corrupción; siendo todo ello un reflejo de como los gobernantes actuales se aprovechan de las necesidades del pueblo al condicionar su voto.
Por su parte, la congresista Maribel Aguilar González respaldó el punto de acuerdo y precisó que no es un tema que se tenga que ocultar sino al contrario se debe dar cuenta de eso a la población. Indicó que el tema representa una violación al principio de equidad de los apoyos sociales, así como un acto de violencia institucional contra las mujeres guanajuatenses porque no se les está atendiendo a todas.
Remarcó que en campaña se dijo que sería un apoyo universal y no se está haciendo, además de precisar que actualmente la entrega es opaca, no se les está cumpliendo a las mujeres y se está convirtiendo en un mecanismo de exclusión. Concluyó al resaltar que la transparencia no es opcional sino una obligación ética.
En su oportunidad, la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco pidió que se considerara que el programa de la tarjeta rosa ha sido polémico por los fines electorales con los que ha sido usado sin un diseño de metas u objetivos claros para evaluar su efectividad, en los que ha prevalecido las evidencias de que el programa que no ve a las mujeres como sujetas de derecho, no ayuda a las mujeres a salir de la pobreza o prevenir situaciones de violencia.
También refirió que un voto concurrente por parte de uno de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato sostiene que sí hubo elementos para sostener los fines electorales del programa por ser difundido cuando la actual gobernadora era la secretaría de desarrollo social de la entidad haciendo promoción de su persona y de los logros del programa y mientras fue candidata ofreció darle continuidad como su principal propuesta de campaña.
La obvia resolución fue aprobada por unanimidad de votos.
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Al hablar en contra, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra manifestó que la molestia de la tarjeta rosa es que sea un mecanismo de reconocimiento a millones de mujeres por su trabajo no reconocido y que llega a quienes más lo necesitan, que simboliza un ingreso que significa la diferencia entre la autonomía o la dependencia, que tiene rostro humano y que no condiciona ideologías.
El legislador precisó que son necesarios los programas con impacto en la sociedad y que contribuyan a cerrar la brecha de desigualdad contra las mujeres, aunado a que la tarjeta rosa ha mostrado resultados por lo que merece continuidad y fortalecimiento por abordar políticas integrales que les permiten accesibilidad a servicios de salud, asesoría jurídica, talleres de capacitación, atención psicológica, vinculación laboral y otros mecanismos que ven por su bienestar.
En rectificación de hechos, la legisladora Maribel Aguilar González externó que los programas sociales federales son universales y que sí existen evidencias de desviación de recursos. Pidió que se presenten las denuncias correspondientes para que se haga la auditoría correspondiente y que lo único que se solicita en la entidad es que el programa sea de verdad universal y una auditoría para que se dé fundamento del uso de los recursos.
De igual manera, rectificó hechos el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor, quien señaló que los apoyos del gobierno federal son instrumentos que si combaten la desigualdad social y la pobreza a diferencia de la tarjeta rosas que fue pura propaganda electoral, además de que los apoyos de la federación son reconocidos en la Constitución, se contemplan en un presupuesto y si tienen reglas claras de operación.
Agregó que en el 2024 se registraron 8 millones de personas que salieron de la pobreza debido a los programas sociales federales, junto a señalar el incumplimiento de las promesas de campaña enlistando la disminución de la cantidad de dinero y la falta de universalidad por no incluir a todas las mujeres de Guanajuato y que los servicios que se incluyen en la tarjeta son derechos inherentes a todas las personas.
La diputada Susana Bermúdez Cano también se pronunció en contra del punto de acuerdo y habló sobre los distintos programas sociales que hay a nivel federal, al comentar que también están segmentados, que ninguno es universal, y en muchos se establece que se otorgarán de manera gradual.
El punto de acuerdo no fue aprobado por lo que se ordenó su archivo definitivo.
