​

Guanajuato, Gto.              6 de Noviembre de 2025

La diputada Miriam Reyes Carmona y el diputado David Martínez Mendizábal, integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado -ASEG- de Guanajuato dar trámite pronto y expedito al proceso de sustanciación y promueva las responsabilidades administrativas y denuncias penales que correspondan, que se deriven de las observaciones no solventadas del informe de resultados de la cuenta pública 2023 del Municipio de Guanajuato.

 

También para que un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de la notificación de dicho acuerdo remita a la Comisión de Hacienda y Fiscalización un informe de avance, que incluya: tipificación preliminar, autoridad competente a la que fue o será remitida, las actuaciones realizadas y pendientes, y las fechas y plazos estimados para su conclusión.

 

El diputado David Martínez Mendizábal manifestó que el pasado 7 de noviembre de 2024, se entregó el informe de resultados de la cuenta pública practicada al municipio de Guanajuato, en el cual se identificó que durante el ejercicio fiscal 2023, un total de 87 unidades del servicio público de transporte urbano y suburbano operaron sin contar con concesión vigente, o bien con títulos de concesión vencidos, ello derivó en una recomendación para la regularización y actualización de concesiones de transporte público urbano y suburbano en ruta fija.

 

Martínez Mendizábal expresó que el municipio informó sobre el inicio de acciones en ese sentido e incluyó la creación de una Comisión Técnica Especializada en Materia de Concesiones; sin embargo, no se reportaron evidencias de reuniones, acuerdos o resultados derivados de dicha comisión, ni se documentaron avances específicos en el proceso de regularización.

 

El congresista señaló que esas conductas observadas podrían configurar responsabilidades administrativas graves, tales como abuso de funciones y omisión en la supervisión del cumplimiento normativo, al haberse permitido la operación de unidades sin contar con concesión vigente o debidamente autorizada.

 

Asimismo, la falta de gestión oportuna para la regularización de los títulos vencidos y la inacción frente a la ausencia de cobro de derechos correspondientes podrían actualizar supuestos de negligencia en el desempeño de la función pública y omisión en la recaudación de ingresos municipales.

 

Finalmente, el diputado reiteró que la Auditoría Superior debe iniciar el seguimiento de las acciones derivadas de la fiscalización, lo que incluye promover el inicio de responsabilidades administrativas o penales y denunciar ante autoridades competentes y promover el fincamiento de sanciones conforme a las leyes aplicables.

 

El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.